Proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas y sus bienes; el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas; garantizar el orden público, la convivencia social, la prevención, la persecución e investigación del delito en general, del crimen organizado, terrorismo, actividades de narcotráfico y delitos conexos, y las demás que le señale la Ley.

Administrar justicia de conformidad con la Constitución Política, las leyes de la República, tratados internacionales y los principios generales del derecho, de forma imparcial, independiente, gratuita, humana, pronta, cumplida, transparente, con igualdad y equidad, garantizando a las personas el acceso a la justicia sin discriminación alguna.

Ser el órgano asesor del Presidente de la República, en lo relativo a la formulación e implementación de las políticas y Estrategias de Defensa Nacional.

Contribuir a la gobernabilidad del país, garantizando la seguridad y convivencia ciudadana a través de sus servicios a la población nacional y extranjera.

Es el gasto del gobierno central que va dirigido a entes e instituciones descentralizadas y autónomas, instituciones de educación técnica y superior, gobiernos regionales, municipales o locales; así como subsidios económicos y sociales.